2016-05-12

 

La justicia transicional: una oportunidad para modificar las penas previstas para delitos de drogas

antecedentes
El hacinamiento carcelario y la violación de los más básicos derechos humanos de la población que está privada de la libertaden Colombia continúansin ser atendidas por el gobierno. Así lo reconoce la sentencia T-762 de 2015 que adoptó órdenes complementarias al estado de cosas inconstitucional ya declaradoen la sentencia T-388 de 2013. La formulación de una nueva política criminal y penitenciaria que modifique estructuralmente el sistema resulta necesaria para la superación de esta situación.


La Corporación Humanas ha insistido en que una nueva forma de pensar la política criminal y penitenciaria requiere la incorporación de una clara perspectiva de género. Según las cifras, entre 1991 y 2014la población carcelaria en Colombia ha tenido un crecimiento del 300%. Mientras la población masculina creció durante ese mismo periodo en un 291%, la de mujeres tuvo un incremento del 459%{1}.


Preocupa el hecho de que el incremento de mujeres en prisión esté relacionado con la judicialización de delitos de drogas. Lo anterior tiene asidero en una política de drogas de excesiva criminalización y a contextos en los que las mujeres se ven forzadas a la comisión de estos delitos por la pobreza o por terceros{2}.


Tanto los delitos que cometen las mujeres para obtener drogas para el consumo, como su involucramiento en delitos relacionados con la producción, la distribución, el suministro y la venta de drogas, tienen que ver, a menudo, con la exclusión social, la pobreza y la violencia de género. La mayoría tiene poca o nula educación, vive en condiciones de pobreza y es responsable del cuidado de dependientes, sean ellos niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o personas con discapacidad {3}.


El encarcelamiento de mujeres para nada se constituye en la medida idónea para terminar con las redes de narcotráfico. Las mujeres que terminan en la cárcel, en la mayoría de los casos,ocupanel más bajo nivel en estasestructuras. La prisión suele empeorar la situación de las condenadas, pues les reduce la posibilidad de que encuentren un empleo decente y legal cuando recuperan la libertad, perpetuando los círculos viciosos de la pobreza {4} .


Resulta, entonces, necesario reformular las políticas de drogas de manera conjunta con las políticas penitenciarias, reconociendo que el uso de la cárcel como respuesta a la problemática de las drogascastiga cada vez a más mujeres, en su mayoría pobres o excluidas, y no se traduce en el desmantelamiento del narcotráfico.


En una coyuntura como la actual, en el marco del proceso de pazy ante las exigencias de las sentencias T-388 y T-762 de emplear fórmulas para reducir el hacinamiento, sacar a las mujeres que han cometido delitos de drogas no violentos de los establecimientos penitenciariospermitiría combatir la sobrepoblación en lascárceles.


Reconocer los móviles del involucramiento en este tipo de delitos (vulneración y exclusión social)permiterecordar que la reclusión carcelaria no es la solución para problemas sociales de gran complejidad. Permite además, enmendar el desequilibrio que conlleva una justicia transicional que propone sanciones bajas sin reclusión carcelaria, con respecto a un código penal implacable con mujeres sin poder que delinquieron en drogas para enfrentar la pobreza y exclusión.


Sin duda, pensar en el posconflicto y en la reconciliación implicaráidentificar otras perspectivas y estrategias para abordar el problema de las drogas desde un enfoque de derechos humanos, de género y de salud pública.  Hacemos eco de las palabras del saliente Ministro de Justicia Yesid Reyes “No podemos seguir saturando nuestros sistemas penitenciarios con personas que han incurrido en delitos menores: cultivadores y personas que portan pequeñas cantidades, muchas veces de manera forzada o en un contexto de carencias económicas” {5} .


La justicia transicional ha puesto sobre el tapete una discusión sobre la proporcionalidad y la función social de las penas. Consideramos que esta discusión es una oportunidad para revisar la forma como la sociedad colombiana castiga a quienes delinquen, más cuando las evidencias muestran que, al menos en el caso de las mujeres privadas de la libertad por delitos de droga, se trata, en su mayoría, de mujeres abandonadas por el Estado, pobres y excluidas. Esto obliga a un replanteamiento de la función retributiva de las penas.

 


{1}Luz Piedad Caicedo, ponencia“Qué nos enseña la experiencia de mujeres en cárceles por delitos de tráfico de estupefacientes”, Universidad de los Andes, Corporación Humanas ,7 de julio de 2015.

{2}Wola, IDPC, Dejusticia y CIM –OEA (2006).“Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina”.

{3}Ibídem, pág. 8.

{4} Luz Piedad Caicedo, ponencia“Qué nos enseña la experiencia de mujeres en cárceles por delitos de tráfico de estupefacientes”, Universidad de los Andes, Corporación Humanas ,7 de julio de 2015.

{5} Observatorio de Drogas de Colombia y Ministerio de Justicia y del Derecho (20 de abril de 2016). “No podemos seguir saturando cárceles con cultivadores y pequeños traficantes”: Minjusticia, En: http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/artmid/2976/articleid/2386

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